El día 23 de Diciembre en la sede del MPA a las 18 horas se llevó a cabo el encuentro, a partir del requerimiento realizado por el Colegio de Abogados a raíz de las agresiones sufridas por un colegiado en el ejercicio de sus funciones profesionales.
A la misma asistieron por la entidad gremial su Presidente Dr. Julio Pagano, el Secretario Dr. Juan Zaragoza, y dos colegiados, los Doctores Roberto Pagura y Gustavo Masino. Por el MPA estuvo el Fiscal Regional Dr. Rubén Daniel Martinez; el Secretario Regional Dr. Elías Roberto Salum y el Fiscal Adjunto Dr. Nicolás Maglier.-
El Colegio de Abogados a través de su presidente hizo saber la preocupación de la entidad y de muchísimos colegiados respecto de la brutal agresión recibida en cumplimiento de un mandato judicial por parte del colegiado Dr. Gustavo Massino y que ni la Policía ni el MPA adoptaron en el momento ninguna las medidas previstas en el Código Procesal Penal respecto del agresor. En el encuentro la víctima – Dr. Masino- realizó un pormenorizado relato de lo ocurrido y las secuelas que tuvo que soportar por el solo hecho de cumplir con un orden de un juez.
La entidad que reúne a los Colegiados de la IV Circunscripción expresó no solo su contrariedad por el curso de los hechos, sino también su preocupación frente a la pasividad de las fuerzas policiales y judiciales. Frente a ese panorama, temía, que estos hechos se repitan no solo en la realización de medidas judiciales, sino también en la vía pública a cualquier profesional.-
El Fiscal Regional Dr. Rubén Martinez en primer lugar se solidarizó con el profesional agredido, lamentó toda la situación vivida y como víctima le ofreció el apoyo del Ministerio Público de la Acusación. En la ocasión se brindó explicaciones de los antecedentes obrantes en la sede judicial, destacando que por el hecho hubo dos denuncias que requirieron la investigación de cada una de ellas. Destacó que no hubo desatención del hecho ya que el fiscal de turno se ocupó desde un primer momento del mismo, sin perjuicio de que no se coincida en los criterios adoptados por el representante del Poder Judicial. Asimismo se informó a la víctima las etapas futuras del proceso y los derechos que le asistía como tal.
Por último y con el fin de evitar este tipo de acontecimientos violentos ambas instituciones van a requerir a la Fuerzas Públicas la asistencia cada acto, así como también requerirle a los uniformados cumplan con las facultades previstas en el código procesal penal. Todo con el fin de asegurar la seguridad de los profesionales y la efectividad de una medida ordenada por un magistrado. Asimismo ambas instituciones se comprometieron a reuniones conjuntas por lo menos una vez al mes o en plazo menor cuando la situación lo requiere para analizar el servicio de justicia brindado y cuestiones de interés común.
