Desde el Colegio de Abogados de Reconquista, nos sumamos al rechazo absoluto de la Federación (FECASFE) ante la reforma laboral proyectada. No permitiremos que se vulneren nuestros derechos básicos.
Ante el tratamiento legislativo de la reforma laboral y, en particular, de la modificación proyectada al artículo 277 LCT, que habilitaría el pago de honorarios profesionales hasta en doce (12) cuotas, este Colegio manifiesta su enérgica oposición. Los honorarios profesionales son la naturaleza alimentaria, esenciales para la subsistencia de los abogados y sus familias.
Resulta llamativo que, en un contexto de crisis social y económica, se pretenda imponer a los profesionales del derecho una espera de hasta doce meses para percibir el fruto de su labor. Más aún cuando quienes impulsan o avalan esta reforma no someten sus propios ingresos a semejante diferimiento.
Si el pago en doce cuotas es considerado razonable, viable y justo, proponemos -con el mismo espíritu de «patriotismo» que se invoca para justificar la medida- que los sueldos de los legisladores que apoyan esta modificación también puedan ser abonados en doce cuotas mensuales.
Asimismo, en relación a la propuesta de modificación al artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta aún más grave. El texto proyectado establece que la sobre estimación de los créditos reclamados será considerada plus petición, habilitando la condena solidaria en costas del abogado junto con su cliente. Esta previsión es una herramienta de disciplinamiento. La cuantificación de un crédito laboral no es una especulación arbitraria sino una estimación técnica sujeta a prueba, a criterios interpretativos y, la abogacía.
La eventual diferencia entre lo reclamado y lo reconocido es, en esencia, un cálculo matemático derivado de la valoración judicial. No puede transformarse en un mecanismo sancionatorio encubierto. Esta reforma instala un riesgo económico personal sobre el abogado por el solo hecho de ejercer su rol con amplitud técnica, afectando la independencia profesional y condicionando el acceso a la justicia de los trabajadores.
El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe rechaza toda normativa que tienda a restringir la libertad de trabajo, a intimidar el ejercicio profesional o a trasladar sobre los abogados responsabilidades que no les corresponden.
Y si el criterio es que los profesionales deben asumir riesgos patrimoniales por ejercer su función, tal vez también debería discutirse bajo qué condiciones asumen responsabilidad quienes legislan normas que afectan derechos fundamentales.
Reconquista, febrero de 2026.
